Contrario a la creencia popular, quienes invierten y trabajan en educación están muy lejos de poder vivir en la opulencia.
En nuestro país existe la educación pública y la educación privada; es así que dentro del sistema educativo existen los colegios privados, mismos que aparecen por dos razones fundamentales: el Estado no puede satisfacer la demanda educativa del país y la deficiente calidad educativa de los colegios públicos.Sendas leyes de fomento a la inversión privada en educación dieron pie a un crecimiento acelerado -y desordenado- del sector; sin embargo, hoy en día existe un oscuro marco regulatorio que está poniendo en jaque a estas instituciones.
Y es que las autoridades nunca pusieron freno a la aparición de nuevas instituciones lo cual rápidamente saturó el mercado; esto hace muy complicado que se pueda incrementar las pensiones escolares, principal -y en muchos casos única- fuente de financiamiento de estos colegios. Pero además, hoy en día existen múltiples sobrecostos que limitan el margen de acción de los colegios.
Dentro de estos costos debemos incluir los crecientes costos regulatorios del INDECI, Municipalidades y el Ministerio de Trabajo; los nuevos costos que implica la política de protección de datos y la adopción de la facturación electrónica; pero el más importante es el sobrecosto en el cual todas las instituciones educativas privadas deben caer que es el de gestión de cobranzas.
Sucede que en nuestro país existe una ley, la Ley de Protección de la Economía Familiar, que impide a las empresas prestadoras del servicio educativo -léase colegios- el cobro de las pensiones. La legislación es tan nociva que deja completamente desprotegidos a los colegios en caso de impuntualidad o -en el peor de los casos- incumplimiento en el pago de las pensiones escolares. Ante cualquier intento de cobrar, el INDECOPI se encarga de castigar al colegio con elevadas multas aduciendo que se han utilizado formulas intimidatorias para el cobro de pensiones.
Inicialmente los colegios recurrieron a los préstamos de entidades financieras -lo cual de por sí genera un costo adicional por los intereses- y luego no quedó más alternativa que crear una división encargada de la gestión de cobranzas. Abogados, cartas notariales, uso de centrales de riesgo y judicialización de las deudas han creado un nuevo gasto en las instituciones.
Ante este sombrío panorama muchos proyectos se han postergado, la inversión en educación ha retrocedido y los sueldos se han congelado. Muy contrario a la creencia popular, quienes invierten y trabajan en educación están muy lejos de poder vivir en la opulencia; hoy por hoy, muchos viven endeudados y en medio de la incertidumbre.
Detrás del Sistema Educativo Escolar Privado en el Perú, existe un oscuro y nocivo marco regulatorio que hace muy difícil operar a los colegios.
¿Será que los padres de familia no se dan cuenta de ello? ¿Se sienten bien jugando sucio a las personas que día a día trabajan en bienestar de sus hijos? Señores, piensen que al hacer esto están dando un pésimo ejemplo a sus hijos, ejemplo que es imborrable y que marcara sus vidas por siempre.¿Qué pretende el gobierno con ello? ¿Acaso será que buscan que el nivel educativo baje? Esperamos que no sea así y que pronto tomen cartas en el asunto, caso contrario este importante sector terminará por colapsar en un futuro próximo.
